La provisión para gastos en el arbitraje internacional

: I. Primera aproximación: la provisión para gastos y la imposición de costos. — II. El principio general en materia de gastos del arbitraje sentado por el Reglamento de la CCI. — III. La naturaleza de la obligación de afrontar los gastos y sus consecuencias. — IV . ¿Puede la parte cumplidora exigir a la incumplidora el cumplimiento del aporte de gastos? — V . La imposibilidad de afrontar los gastos del proceso. Según el artículo 36 del Reglamento de la CCI, las partes están obligadas a pagar en mitades iguales la suma que la Corte estime que probablemente cubrirá los honorarios y gastos del arbitraje y el costo administrativo de la CCI. Es una obligación que las partes son llamadas a cumplir como contraprestación por el servicio que les brindará la entidad administradora del procedimiento e incluye la tarea de los árbitros. La provisión para gastos es de carácter provisional, ya que puede ser reajustada en cualquier momento durante el arbitraje. El presente trabajo analiza distintas circunstancias que pueden presentarse en relación con el sufragio de los gastos de un arbitraje internacional. El tema es revelante, pues, hace específicamente a la posibilidad de las partes de impulsar el proceso arbitral, cuestión reflejada, en su dicotomía, en la gráfica frase «la justicia está abierta a todos, como el hotel Ritz» (1).

El tribunal arbitral trunco

El fallo dictado por la Sala B de la Cámara Comercial en «NSB S.A. y otros c/A. A. S.A. y otros s/organismos externos (nulidad de laudo arbitral)» dirime un conflicto que tiene gran trascendencia en el funcionamiento de tribunales arbitrales, como es la salida de uno de los árbitros del panel. En el caso puntual, ello se debió a un hecho lamentable, como fue el fallecimiento de uno de los árbitros.

Efectos de la cláusula arbitral sobre la citación de terceros al proceso arbitral

El acuerdo de arbitraje es un contrato bilateral y, en principio, los contratos son inoponibles a terceros. Llevada esta regla al campo arbitral su consecuencia «es que —en principio— sólo las partes del acuerdo arbitral están obligadas por la cláusula compromisoria, por lo que los terceros que no han prestado su consentimiento al acuerdo arbitral no están obligados por él y, por lo tanto, no están constreñidos a participar de un arbitraje ni excluidos de recurrir a la justicia estatal».

Apuntes sobre la reciente Ley de Arbitraje Comercial Internacional

Con la sanción de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional la Argentina pasa a tener un régimen dualista, que contiene una disposición específica que regula, con exclusividad, procesos arbitrales comerciales internacionales. Es de esperar que el nuevo régimen aporte previsibilidad al arbitraje comercial internacional en nuestro país, como así también que la Argentina pase a estar en la consideración de las partes que pactan el arbitraje comercial internacional como lugar de posible sede de procesos.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL – SALA F “SCHUTH PAULA ANABELLA C/ FIDEICOMISO LLERENA STUDIO APARTS S/ ORDINARIO”, del 26.1.19.

El modo en que los árbitros apliquen o no la legislación que se consi-dera imperativa será, eventualmente, materia susceptible de revisión por los tribunales estatales por vía de los recursos que organiza la ley (conf. Rivera, Julio César, Orden Público en el Arbitraje Comercial, La Ley On line AR/DOC/3876/2015, íd. Arbitrabilidad: cuestiones regidas por leyes de orden público, LL 2011-A, 555, cita on line: AR/DOC/518/2011, en igual orientación, CNCom, Sala D, 20/12/16, «Francisco Ctibor SACI y F c/ Wall Mart Argentina SRL s/ ordinario»).

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL – SALA A. “VARSKY DANIEL OSVALDO Y OTRO C/ CTI HOLDING AG. S/ MEDIDA PRECAUTORIA”, del 11.4.19.

Así, pues, resulta procedente el pedido de una medida cautelar ante la jurisdicción estatal que hubiera resultado competente para entender en el fondo de la cuestión y ello importa la competencia de este Tri-bunal para entender en el planteo traído en examen y con el consi-guiente aporte del poder coactivo del Estado en aras de asegurar la eficacia de tal proveimiento.

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Fede-ral N°5. AABE C. CENCOSUD.

De ese modo, la justicia inhabilitó a la empresa a recurrir al tribunal internacional: “las cuestiones de competencia articuladas en autos han quedo firmes y es este Tribunal Federal el único habilitado para diri-mir dichos conflictos. En tales condiciones, y considerando que el Es-tado Nacional – a través de su Agencia de Administración de Bienes del Estado, como Cencosud S.A., han elegido someter su controversia a la jurisdicción de los tribunales argentinos, dicha elección resulta definitiva.”